Cuando el dinero afecta a quienes reglamentan los medicamentos

Por Gilbert Ross, MD

La revista médica Eye publicó recientemente un estudio preliminar altamente esperado que compara el medicamento Lucentis con el medicamento anticáncer Avastin en el tratamiento de la degeneración macular “húmeda” relacionada con la edad (DMRE). Dicho pequeño estudio demostró que no había diferencias significativas entre los dos tratamientos.

Créase o no, este hallazgo podría ser una mala noticia para los pacientes con enfermedades del ojo en todo el país. Los reguladores gubernamentales podrían pronto usar estos resultados como excusa para hacer que los médicos dejen de recetar Lucentis, un medicamento que ha demostrado demorar el progreso de la DMRE. Si eso ocurriese, la libertad de los pacientes y la autonomía de los médicos se verían comprometidas, con el solo propósito de ahorrarle dinero al gobierno.

El motivo de la popularidad de este estudio consiste en que Avastin, con un costo de $50 por inyección, es muchísimo más barato que Lucentis, que normalmente cuesta $2,500 por inyección. Si Avastin fuera comparable a Lucentis en efectividad, el gobierno federal podría considerar que ésta es una oportunidad para reducir los costos de Medicare y Medicaid.

Por ejemplo, los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services) podrían exigir que todos los beneficiarios probaran el Avastin de menor precio antes de que se les permita recibir Lucentis. Peor todavía, los directivos podrían negarse a cubrir Lucentis en los programas de seguro público, dejando a médicos y pacientes con una opción menos de tratamiento. Los aseguradores privados indudablemente seguirían el mismo ejemplo.

Aún no se sabe si Avastin es un tratamiento eficaz para la DMRE. A diferencia de Lucentis, Avastin no ha sido aprobado por la FDA para dicho tratamiento. Además, si bien el estudio publicado en Eye halló que los dos tratamientos son comparables, los investigadores concluyeron finalmente que “se requieren estudios adicionales con muestras más grandes”. En realidad, dicha conclusión es una subestimación, ya que el estudio comprendía un total de apenas 22 pacientes.

Por supuesto, si estudios futuros y más completos demuestran definitivamente que Avastin es tan eficaz como Lucentis en el tratamiento de la DMRE, es indudable que los médicos deberían favorecer el tratamiento de dichos pacientes con Avastin. Los costos de atención de la salud ya son astronómicos. Si es posible reducir los costos de los medicamentos sin comprometer la calidad de atención al paciente, los médicos y otros proveedores de atención de la salud deberían intentarlo.

Pero no se los debería forzar a hacerlo. Es necesario que los médicos retengan la libertad de recetar Lucentis en caso de que determinen que Avastin no tendría un efecto igualmente positivo en determinados pacientes, y que los aseguradores de atención de la salud cubran el medicamento. Los pacientes se merecen tener acceso a la más alta calidad de atención, no únicamente a los tratamientos que ofrecen mayores ahorros a los aseguradores y al gobierno.

Se trata de un asunto importante, porque permitir que los reguladores reduzcan los costos sacrificando la calidad de la atención establece un mal precedente que podría tener consecuencias para nuestro entero sistema de salud. Basta con pensar en Gran Bretaña. El Instituto Nacional de Excelencia Clínica (National Institute for Health and Clinical Effectiveness – NICE) les niega tratamientos a los ciudadanos británicos por motivo de costo desde hace mucho tiempo.

En octubre, NICE dictaminó que no cubrirían el medicamento Takeda para el cáncer óseo. Se ha comprobado que dicho medicamento, acompañado por quimioterapia, es más eficaz que la quimioterapia sola para tratar el cáncer óseo. Sin embargo, NICE lo rechazó, mencionando “el costo excepcionalmente elevado del medicamento”. Como consecuencia, se les negará a los enfermos británicos de cáncer óseo el uso de un medicamento que podría mejorar espectacularmente sus probabilidades de sobrevivir.
Puesto que la nueva ley sobre la salud creó dos organismos que podrían en el futuro ser el equivalente americano de NICE, el Patient-Centered Outcomes Research Institute y el Independent Payment Advisory Board, el racionamiento constituye una amenaza más grave que nunca. Por eso el asunto del uso de Avastin para la degeneración macular es tan importante: los médicos deberían tener el derecho de recetar el tratamiento más eficaz en su opinión, sin que los burócratas gubernamentales restrinjan sus decisiones. La interacción entre médico y paciente no debería ser violada y el gobierno no debería tener influencia sobre dicha relación, particularmente cuando el costo es la preocupación principal.

Los legisladores y los profesionales de atención de la salud deberían indudablemente buscar maneras de reducir los costos, preservando a la vez la alta calidad de los tratamientos. Pero limitar la libertad de los médicos para recetar el medicamento que crean más eficaz pondría en peligro la salud del paciente.

Independientemente de si Avastin demuestra ser eficaz en el tratamiento de la degeneración macular relacionada con la edad, los legisladores deben garantizar que las decisiones de los médicos y los derechos de los pacientes no se vean nunca comprometidos por el interés de ahorrar dinero.

Gilbert Ross, MD, es el Director médico del Consejo Americano de Ciencia y Salud (American Council on Science and Health), un consorcio de salud pública y educación para el consumidor formado por más de 380 científicos y médicos.

Publicado en: http://tribunahispanausa.com/portal/?p=12590

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